Democratización, una mirada desde la ciudadanía

Por: Estefanía Molina | Directora de la Consultora Orbis et int

De la democratización como fenómeno político

Hacer referencia a procesos de democratización, en América Latina, remite necesariamente a la interrelación que existe, entre la ciudadanía y el actor gubernamental, la cultura política y con ello, la manera en cómo cobran sentido, instituciones políticas, en el devenir propio de cada sociedad que, al hundir sus raíces en los valores políticos que prevalecen, da lugar necesariamente, a demandas que se formulan, tanto al actor gubernamental, como a la ciudadanía en su conjunto y llevan a que la idea de democracia, que se defiende, evoque, como forma política, significados que son unívocos para cada sociedad y refieren ese “tomar parte”, que implica desde asumir responsabilidades, en organizaciones vecinales, para evitar que se presentaran más delitos cometidos por cuerpos de seguridad, hasta hurgar, en la historia política reciente, referentes para afianzar prácticas por medio de las cuales se fomenta el entendimiento y la convicción de que, lo que a todos implica, debe ser discutido por todos.

Los procesos de “democratización” pueden ser llevados a cabo “desde arriba” (O’Donnell y Schmitter, 1991, p.279) en casos en los cuales élites políticas salientes llegan a acuerdos, por medio de negociaciones, con élites políticas entrantes y se dirigen a la implementar medidas, por medio de las cuales es factible, una apertura política, así como “desde abajo” (Ibídem), en los casos en los cuales desde la ciudadanía, se impulsa una modificación en los valores políticos que prevalecen y con ello, en las instituciones políticas que se afianzan en la ciudadanía, en su conjunto.

Sin embargo, en ambos casos y en todos los matices que puedan existir de por medio, es preciso recordar que los valores y las instituciones políticas, no se decretan, que forman parte de un entramado que se hace tangible al acercarse al fenómeno político y a la disertación acerca de por qué, ciertas maneras de proceder y ciertos principios, que son la raíz de fenómenos políticos, son aceptados y compartidos, en mayor o menor medida y con ello, impiden, permiten, coadyuvan o impulsan modificaciones que llevan a que la convivencia, en sociedad, gire en torno de preceptos, cada vez más, democráticos.

No se pretende, en el desarrollo de esta disertación, negar que el ejercicio del poder político, responde a factores que se vinculan, con el despliegue efectivo del poder y que en sus distintas dimensiones, le es indiferente el quehacer de aquellos que no representan un poder real en la toma de decisiones. Se pretende, sí, hacer visible y reivindicar el rol de la ciudadanía, en el desarrollo de procesos de democratización y explicar cómo, en función de ello, la democracia se instauró como más que una mera etiqueta, cómo vino a ser el conjunto de rasgos distintivos que significaron, en la ciudadanía, que ciertas prácticas fueran, en adelante, aceptadas o condenadas y con ello, que la cultura política se nutriera de experiencias guiadas por la participación que la ciudadanía, llevó a cabo en torno de asuntos de interés político.

Argentina, juicios y memoria

El año 1981 puede marcar el inicio de un proceso de democratización en Argentina, proceso marcado por críticas hacia una gestión gubernamental que perdió todo apoyo, después de la derrota a manos de la Armada Británica y sumado a la exigencia, de la ciudadanía, por un lado, de rescatar la “memoria colectiva” (Brysk, 1992, p.8), siendo que en aulas de clase se conocía la historia de Argentina hasta 1920 y, por el otro, de que el actor gubernamental respetara Derechos Humanos y suministrara alguna explicación, acerca del paradero de aquellos que habían sido desaparecidos, por fuerzas policiales o militares, después de haberse manifestado contra el gobierno.

Con el proceso de democratización, se desencadenó una crisis  política sin precedente dando lugar a desavenencias en el seno de la Junta Militar que, sumado a una situación económica y social marcada por la hiperinflación e inestabilidad, llevó a que convocando, la Junta, a unas elecciones para el mes de noviembre de dicho año, con el fin de canalizar el descontento mediante un cambio de gobierno, tal como menciona Diego Galante en una obra de su autoría denominada “El Juicio a las juntas” (2019, p.45) se valiera para ello, de una amnistía para buena parte de los militares.

La respuesta a dicha propuesta, fue un surgimiento de organizaciones civiles que exigían, a cambio, respeto a los Derechos Humanos y una respuesta satisfactoria a aquellas familias que habían perdido a alguno de sus integrantes y con más énfasis, cuyo familiar había sido desaparecido por fuerzas policiales o militares como producto de haberse manifestado en contra del gobierno.

Se trató de personas que no eran relevantes en el ámbito político, sin embargo sus demandas, tenían legitimidad, eran de interés para la ciudadanía en su conjunto y al haber asumido, estas personas, responsabilidad en el seno de su sociedad, en defensa de la misma y en rechazo a que se siguiera afianzando un régimen autoritario, significó esa participación, el inicio de una ruptura con las instituciones políticas que habían prevalecido hasta entonces y el surgimiento, con ello, de un movimiento que llevó a que el rechazo, a la continuación de prácticas abusivas, fuese tan significativo, que fue necesario tomar medidas y ceder espacios.

Medidas, como el rechazo el rechazo generalizado a una amnistía que había sido propuesta por Jueces, que habían demostrado ser afines, a la postura política de aquellos que estaban siendo juzgados y en segundo lugar, la conformación de lo que Brysk (1992, p.126) denomina “una resistencia social más generalizada a los abusos” siendo que, a través de organizaciones vecinales, la ciudadanía veló porque no se cometieran más abusos policiales ni militares y, por medio de asociaciones civiles, se llegó a la reforma de programas de estudio de primaria, bachillerato y universitarios, para incluir de manera transversal, contenidos relacionados con democracia y Derechos Humanos.

Se trata, por ende, de dos demandas que están presentes en este rechazo, que consisten en el anhelo por tener una forma de gobierno en la cual existiera, por un lado, un balance entre gobernante y ciudadanía, para que no hubiese concentración excesiva de poder en manos de unos pocos, que ciudadanos y gobernantes estuviesen en la posibilidad de contrabalancearse en el ejercicio del poder político y con ello, que el gobierno se articulara a través de controles y equilibrios en el poder político (Montesquieu, 1748/1972, XI, 6, 151).

Por otra parte, se esperaba que se actuara de conformidad con las expectativas que ya prevalecían, desde la ciudadanía en su conjunto, lo que podría referirse como desde la “polis”, partiendo de la perspectiva de Arendt (1958/2009, p.221).

Después del 30 de octubre de 1983, con un gobierno electo de manera democrática, en Argentina dirigido por Raúl Alfonsín, fue como se logró la derogación de la amnistía que había sido decretada y se inició un proceso para juzgar a todo aquel que tuviera responsabilidad, en los delitos cometidos, durante el periodo de la Junta militar, incluso valiéndose de la justicia ordinaria para ello, implicando tanto a militares como a aquellas personas que habían estado al frente de grupos guerrilleros, insurreccionales o subversivos en dicho periodo y con ello, se establecieron bases para que se dejaran de lado medidas que podían calificarse como represivas y para llegar a una noción compartida acerca del “bien común” (Brysk, 1992, p.121) arraigándose, para esto, en principios característicos de un gobierno democrático, en el rescate de su historia como nación –historia que algunos habría tratado de borrar en el transcurso de gobiernos autoritarios, quemando archivos históricos, o documentos-.

La recuperación de la “memoria histórica” también estuvo presente, en la defensa de rasgos distintivos de esa sociedad, para forjar su propia identidad como nación y en el reconocimiento de que sus tradiciones, sus significaciones, constituyen ese “mundo de cosas [que] está entre quienes lo tienen en común” (Arendt, 1958/2009, p.62) y que al ser parte de los valores políticos que comparte una sociedad, viene a ser parte de la cultura política en que se afianza este proceso de democratización.

Entre 1983 y 1986, fue el periodo en que se tuvo más personas que retornaban del exilio y, del mismo modo, el periodo en el cual se llevaron a cabo los esfuerzos más significativos para que hubiese justicia, de hecho así como hubo militares, policías y funcionarios que fueron juzgados, hubo también quienes al retornar del exilio, fueron detenidos, tal como señalan Acuña y Smulovitz en el texto de su autoría, denominado “Militares en la transición argentina” (1995, p.50.) y Galante (2019).

En 1984, cuando se dio a conocer el informe final de la comisión que había sido encargada para investigar cada uno de estos delitos, la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), informe denominado “Nunca Más” (Crenzel, 2008), la respuesta, por parte del Tribunal militar, fue rehusarse a emitir sentencia alguna, ante lo cual la Cámara Federal, que se encargaba de la justicia civil, tomó la causa y se llevó a cabo, por ende, el “Juicio a las Juntas” (Galante, 2019, p.45), que se inició en marzo y culminó en diciembre de 1985, con lo que varios de los responsables en el ámbito militar, fueron juzgados y encarcelados.

Después de 1986 en Argentina, se tuvo presencia de la ciudadanía en la resolución de conflictos después de haberse planteado solventar diferencias única, o principalmente, a través de la vía judicial. La resolución de conflictos, valiéndose de la presencia de quienes habían sido afectados y con ello, el diálogo que se mantuvo en pro de conseguir soluciones, se conocieron como “procedimientos alternativos como la mediación, el arbitraje y la negociación” (Ares, 2009, p.322).

De modo que esta participación política, llevada a cabo a través de asociaciones civiles, logró cambios trascendentales en la ciudadanía, se fomentó el pensamiento crítico y de ese modo, las actitudes determinadas que eran necesarias para convivir en democracia, empezaron a ser aprendidas en el devenir de estas experiencias. Se demostró, también, que se requiere de la ciudadanía, la cual debe estar preparada en todo momento, para asumir responsabilidades y tener una propuesta, o una iniciativa que pueda aportar, en el desarrollo de asuntos que sean de importancia, asuntos de interés público, así como de escuchar apropiadamente lo que otros planteen en los mismos términos y en este sentido, darse la oportunidad de intercambiar experiencias y aprender de quienes le rodean.

Chile, las concertaciones

Las experiencias vividas en Chile, también aportan un aprendizaje valioso. Si bien, en este caso, el proceso de democratización se llevó a cabo “desde arriba”, siguiendo con la terminología empleada por O’Donnell y Schmitter, iniciándose en 1987, aproximadamente, producto de la promulgación de la Ley de Partidos Políticos y posteriormente, con las elecciones llevadas a cabo en 1988, desde 1983, hubo manifestaciones multitudinarias en defensa de elecciones libres y ya en 1986, en defensa de Derechos Humanos para aquellos que habían sufrido torturas, persecución o desaparición, después de haberse manifestado contra el gobierno.

En 1986 se le empezó a dar forma a un “concertación sociopolítica de las principales representaciones sociales de la época: colegios profesionales, agrupaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos” (De la Maza, 2010, p.88).

No se deslinda, por ende, lo social de lo político. En este caso y, de cara a una transición que llegó a estar mediada por un plebiscito, organizaciones con fines sociales van a coadyuvar para la articulación de partidos políticos que habían sido acallados desde hacía más de una década. Por ello es que la discusión y lo que se propugna por medio de esas protestas, tiene fines políticos también y van a canalizar su descontento, públicamente, desde 1987.

Después de las elecciones presidenciales en las cuales ganó Patricio Aylwin, llevadas a cabo el 11 de marzo de 1990, se inicia un proceso de democratización marcado por la presencia de Organizaciones No Gubernamentales (ONG en adelante) cuyo objetivo, si bien estaría al margen de asuntos políticos, se involucraron en la toma de decisiones del actor gubernamental porque estaban relacionadas bien con la defensa de los Derechos Humanos, bien con la defensa de principios sobre los cuales se asienta el Estado de Derecho o incluso, su mera existencia y presencia, precisó de los ciudadanos, un comportamiento específico, de acuerdo con una actitud, que se interesaran y se comprometieran con asuntos de su comunidad política y asumieran responsabilidades dentro de la misma.

Los asuntos relacionados con derechos humanos, a partir de 1990, fueron discutidos principal y casi exclusivamente de cara a la protección que debía otorgarse a los mismos en lo sucesivo, quedando excluidas consideraciones ideológicas-políticas para garantizar los tales. Se hizo énfasis, sin embargo, en que los militares se retiraran de la vida política, al tiempo que se mantuvo que este hecho, no perjudicara significativamente “la seguridad personal o grupal de éstos” (Garretón, 1993, p.119). Sin embargo, sobre aquellos que habían visto sus derechos menoscabados, no se puede decir que se hubiesen llevado a cabo acciones que fuesen igualmente significativas, pese a la presión ejercida, por la ciudadanía, para lograr reivindicaciones e incluso, medidas en pro de hacer justicia, en ese particular.

Para abordar estos asuntos, en el año 2001 se instauró la Comisión Ética contra la Tortura (también conocida como Comisión Valech) y después, en 2003, la Comisión de Prisión Política y Tortura (Segundo Informe Valech), siendo su relevancia, que se desarrollaron asuntos relacionados con Derechos Humanos y se plantearon medidas, para reparar el daño a sobrevivientes de dichas violaciones y su fin, fue evitar que delitos de lesa humanidad, o abusos de poder, pudiesen repetirse en Chile, añadiendo contenidos relacionados con Derechos Humanos en la formación que se imparte a oficiales de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales, así como en los distintos niveles educativos, siendo estos últimos, ámbitos en los cuales también estaría contemplado contenido relacionado con la historia política reciente de Chile, valiéndose para ello, de la “Memoria Oficial y Política” e incluso, erigiendo monumentos en sitios emblemáticos.

Se trata de más que únicamente estar en conocimiento de lo acontecido, o conocer los hitos del pasado reciente de su propio país, se contempla también la importancia de fomentar la convivencia, de conocer la historia política reciente, aciertos y delitos cometidos, e incluso, fomentar la discusión y reflexión, así como estar preparado para asumir responsabilidades como ciudadano y dar cabida, en ese contexto, al desarrollo de habilidades que, en el ámbito social, deben ser fortalecidas para que exista una sociedad democrática.

Ha sido incompleto, sin embargo, este proceso de democratización. Personas que se han dedicado a dirigir organizaciones, asociaciones civiles, han manifestado que desde el año 1996, la participación ciudadana, que se arraiga en valores y se orienta a fortalecer preceptos democráticos, no ha sido defendida con ahínco, como esperarían que fuese defendida en el seno de su sociedad. En el informe que ha presentado la organización ACCIÓN, en 1996, dirigentes de esas organizaciones han hecho saber que aunque se han llevado a cabo esfuerzos, de manera sostenida, con el fin de incidir de manera significativa, se han “encontrado con espacios inorgánicos de consulta, en los cuales tampoco se nos reconoce formalmente el rol” (Fernández, 2018, p.94).

Es muy valioso lo que se ha logrado, como el hecho de que los militares no definan el devenir del quehacer en el ámbito político, que haya elecciones de manera regular y que sus resultados sean respetados, que no haya persecución, ni amedrentamiento a quienes sostienen una postura política diferente a aquella con la cual se identifica el actor gubernamental, la disposición de aprender de la historia política reciente, reconociendo qué aspectos se han llevado a cabo de manera acertada y qué es lo que, la ciudadanía en su conjunto, no está dispuesta a permitirse “nunca más”, entre otros aspectos.

Sin embargo, esta situación, de que las organizaciones caigan, de manera recurrente, en espacios inorgánicos de consulta, junto con haberse mantenido en el tiempo, ha llevado a que ellos mismos reconozcan que no han sido todo lo críticos que deberían haber sido, tanto ante el actor gubernamental, como ante sectores económicos y con ello, las transformaciones en las instituciones políticas, todavía están por lograrse, así como el fortalecimiento de la democracia, desde las instituciones que la hacen posible, superar la fragmentación interna que sigue presente y la comunicación, entre asociaciones civiles.

El objetivo, es lograr que la democracia, con todo lo que eso implica en términos de “paz, la tolerancia y una cultura respetuosa, así como la equidad y el fortalecimiento de las organizaciones locales, regionales y nacionales, su autonomía y la solidaridad” (Fernández, 2018, p.129), pueda hacerse tangible en el Chile de hoy y con ello, que el proceso de democratización, sea completo.

A modo de cierre

No hay democracia sin ciudadanos. Esa pudiera ser, tal vez, una de las frases más lapidarias y alentadoras a la vez, que se pueden esgrimir al acercarse a procesos de democratización que, llevados a cabo en el transcurso de los últimos 40 años, en América Latina, pueden significar algún aporte a procesos que están por llevarse a cabo y que, sin hacer de la participación política, una panacea, conviene reconocer en su justa dimensión, la importancia de la misma para que la democracia no que quede en una etiqueta, en una mera enunciación de buenos deseos o tal vez, en un ideal que pudiera ser fallido, si llega a quedar en manos, única o primordialmente, de aquellos que pueden tomar decisiones, cuyas repercusiones pudieran afectar a la ciudadanía en su conjunto y cuyos intereses, se alejan de toda posibilidad de establecer, o lograr la consolidación, de principios sobre los cuales se afianza un proceso de democratización.

Canalizado por las fuerzas armadas, o por organizaciones cuyo objetivo primordial era cambiar todas las instituciones políticas presentes hasta entonces, ciudadanos que no tenían figuración en el ámbito político, pero que lograron aglutinar voluntades, dada la legitimidad de sus demandas, recuperaron el espacio público, ese que tienen en común todos los que forman parte de una polis y con ello, el conjunto de valores con el que se pueden identificar, responsabilizándose, para ello, de asuntos que eran de interés para la ciudadanía en su conjunto, a través de organizaciones que, aun cuando cada una de ellas, persiguiera un objetivo en particular, a través de las tales, han podido alcanzar un bien que le es común a todos como parte de esa polis, bien que solamente es posible en el despliegue de una forma de gobierno democrática.

Bibliografía

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 Arendt, H. (2009) La condición humana. (Traducción Gil, R.). Buenos Aires: Editorial Paidós. (1958).

Ares, C. (2009) La mediación y el ciudadano: responsabilidad de las decisiones en situaciones conflictivas. En J. Rubio Carracedo, J. Rosales Jaime & M. Toscano Méndez

(Eds.), Democracia, ciudadanía y educación, (319-338). Madrid: Akal. ISBN 978-84-460-3015-7.

Brysk, A. (1992) La política de los Derechos Humanos en Argentina (Traducción: Isabel Inguanzo Ortiz), California: Stanford University Press.

De la Maza, G. (2010) Construcción democrática, participación ciudadana y políticas públicas en Chile. Leiden: Universiteit Leiden

Crenzel, E. (2008) La historia política del Nunca Más. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

De Secondat, C. (1972) El espíritu de las leyes. (Traducción Blázquez, M.).Madrid: Editorial Tecnos. (1748).

Fernández, M. (2018) Retrospectiva de la sociedad civil organizada en Chile. Santiago de Chile: Editorial Acción.

Galante, D. (2019) El Juicio a las Juntas. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata,

Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional de General Sarmiento.

Garretón, M., (1993) La redemocratización política en Chile. Revista Estudios Públicos. (101-133). Buenos Aires: FLACSO.

O’ Donnell, G y P. Schmitter (1991) Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, (Tomo 4). Buenos Aires: Paidós (1986).

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